Iniciativa Climática de México (ICM), Voz Experta y el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA) organizaron el evento “Cerrando la brecha: energía y cambio climático con perspectiva de género”. Un espacio de diálogo para visibilizar los desafíos y las oportunidades de integrar la perspectiva de género en el sector energético y en la política climática, como condición para una acción climática justa.

El encuentro abrió con una introducción sobre la brecha de género en México y los riesgos de retroceso, donde se destacó que el contexto actual exige reforzar capacidades para evitar que se profundicen las desigualdades. Itzá Castañeda Carney, consultora de equidad de género e inclusión social de WRI México, dio a conocer que, en el caso de las economías avanzadas, 6% de las mujeres ocupadas trabaja en empleos verdes frente a 20% de los hombres. Mientras que, en México, la participación femenina en el sector energético, tanto tradicional como renovable, se encuentra entre 20 y 25%. En tanto que en el ámbito mundial las mujeres ocupan 32% de los empleos de tiempo completo en energías renovables, en contraste con 23% en la industria del petróleo y gas o con 25% en la energía nuclear.

Entre los mensajes principales del panel “El sector energético mexicano: brechas, barreras y propuestas”, con participantes de Voz Experta, se destacó que la brecha de género está presente a lo largo de toda la cadena del sector, particularmente en los espacios donde se toman decisiones, en los que persisten los sesgos y las barreras estructurales. En la conversación se subrayó que la inclusión requiere de cambios en reglas, incentivos y condiciones habilitantes. Las panelistas coincidieron en que, para acelerar la igualdad de oportunidades y fortalecer los resultados del sector, se necesitan medidas prácticas en cuatro frentes.

  1. Regulación, transparencia y rendición de cuentas. Se planteó fortalecer mecanismos que impulsen más participación de mujeres en puestos técnicos y de liderazgo, así como mejorar la disponibilidad de información pública sobre participación
    por niveles y áreas, de modo que la brecha sea medible y atendible.
  2. Implementación real de instrumentos con enfoque de género. Se enfatizó que no basta con que existan instrumentos: el reto clave es el “cómo” se ponen en marcha, con diagnósticos adecuados, derecho a la información y metodologías adaptadas a los contextos locales.
  3. Talento y trayectoria: la brecha empieza temprano. El panel resaltó la urgencia de enfrentar una doble realidad: una brecha de género y una crisis de talento, particularmente en perfiles técnicos, y la necesidad de intervenir desde etapas tempranas (antes de la universidad) para ampliar referentes, vocaciones y rutas de acceso.
  4. Incentivos y reputación sectorial. Se propuso explorar herramientas que incentiven buenas prácticas, incluyendo esquemas de visibilización y comparación pública de avances (por ejemplo, sobre participación, brecha salarial y apoyos de cuidados), para alinear el interés público con el interés privado.

Por otro lado, en el panel “Perspectiva de género en la política climática: retos y oportunidades para una acción climática justa”, organizado por ICM e IDEA, se discutió cómo integrar la perspectiva de género en la política pública, la legislación e implementación climática, con un enfoque de derechos humanos y de justicia.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se destacó el carácter participativo del proceso en la elaboración de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) y el desafío principal que viene: convertir compromisos en acción, con especial atención a que el financiamiento llegue a donde debe llegar y que las personas, incluidas las mujeres, participen desde el diseño de los proyectos. También se mencionaron como “tiros de precisión” la reforma a la Ley General de Cambio Climático, el desarrollo de una política nacional de adaptación y la presentación del Plan de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático.

Desde Engenera se subrayó que, en comunidades rurales y periurbanas, muchas mujeres ya están impulsando acciones de adaptación, pero enfrentan barreras estructurales y falta de recursos. Se enfatizó que el presupuesto climático es clave para convertir prioridades en resultados, y se compartieron avances y retos en el diálogo con el Poder Legislativo para mejorar la asignación y la coherencia del gasto. En la discusión se remarcó que el Acuerdo de Escazú exige garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y que el reto es cumplirlos de forma efectiva, especialmente para poblaciones que suelen quedar fuera, como las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres en contextos de más vulnerabilidad. Se insistió en que la transición energética y los proyectos asociados deben basarse en la mejor información disponible, incluyendo conocimiento local y enfoque interseccional, y que la participación pública no puede reducirse a ejercicios meramente formales.

Finalmente, desde Fundación Avina se propuso incorporar una mirada de cuidados como parte central de la política climática, reconociendo que el trabajo de cuidados sostiene la vida y también sostiene la acción climática. Se compartió el marco de las “cinco R” (reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar) como una guía para traducir esta mirada en políticas públicas, y se subrayó la necesidad de que el financiamiento llegue a comunidades que están en la primera línea de respuesta.