Erik Castillo


La creciente violencia que enfrenta la industria minera en México ya no sólo representa un riesgo para quienes trabajan en el sector; también se ha convertido en un factor que encarece la operación de las empresas, reduce su rentabilidad y desalienta nuevas
inversiones nacionales y extranjeras.

En poco más de una década, las compañías mineras incrementaron más de 200% su presupuesto destinado a seguridad. Mientras en 2012 la inversión ascendía a 36 millones de dólares, para 2025 la cifra proyectada alcanzó los 109 millones de dólares, reflejo del deterioro de las condiciones de seguridad en diversas regiones mineras del país.

Para Mario Salomón, Country Manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, este incremento confirma que la protección de instalaciones, personal y operaciones dejó de ser un gasto complementario para convertirse en una necesidad estratégica.»Las empresas han tenido que invertir mucho más para protegerse de lo que hacían hace algunos años. Eso confirma la situación complicada que vive la industria», afirmó.

La vulnerabilidad del sector también queda reflejada en los conflictos que enfrentan los proyectos mineros. De acuerdo con datos de Strat Consulting y del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, alrededor del 90% de los proyectos mineros desarrollados en 2022 registraron algún tipo de conflicto relacionado con violencia, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas u otras agresiones.

Salomón subrayó que el mayor impacto no es financiero, sino humano. «La inseguridad atenta contra las personas. Pueden ser privadas de la libertad o incluso perder la vida. Ese es el impacto más importante.» Como ejemplo, recordó el secuestro de trabajadores de una empresa minera ocurrido el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, uno de los estados donde la actividad minera convive con altos índices de violencia.

Costos operativos más altos y menor competitividad

Además del impacto social, la inseguridad representa un costo directo para las empresas. Estimaciones de la Cámara Minera de México indican que la delincuencia puede incrementar hasta 5% los costos operativos y provocar pérdidas de productividad cercanas al 7%, reduciendo la rentabilidad de los proyectos.

De acuerdo con el directivo, este escenario termina afectando la competitividad del país.

«México tiene un enorme potencial por la riqueza de sus recursos naturales; sin embargo, la inseguridad inhibe las decisiones de inversión y hace que perdamos competitividad frente a otros países.»

Esta percepción también se refleja en el Índice de Atracción de Inversión Minera del Instituto Fraser, donde México ocupa la posición 49 entre los destinos evaluados para el desarrollo de proyectos mineros, pese a la riqueza de sus yacimientos.

Las entidades con mayor actividad minera —como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Guerrero— concentran también buena parte de los riesgos relacionados con el robo al transporte de minerales, ataques a trabajadores y amenazas contra las operaciones.

Seguridad, prioridad para atraer inversión

Para el especialista, revertir este panorama requiere una estrategia integral encabezada por los tres niveles de gobierno para combatir a la delincuencia organizada, ya que la inseguridad no sólo compromete la continuidad de las operaciones, sino también el desarrollo económico de las regiones donde se ubican las minas.

«Se pierden vidas humanas, pero también empleos, oportunidades de desarrollo e inversiones. La seguridad debería ser una prioridad nacional.» Mientras tanto, consideró que las empresas deberán fortalecer sus esquemas de protección mediante alianzas con compañías especializadas que combinen personal certificado, tecnología y protocolos de inteligencia.

Entre las herramientas que actualmente se utilizan en la industria destacan drones de vigilancia, cámaras térmicas, sistemas biométricos de control de acceso, monitoreo inteligente, telemetría y geolocalización, tecnologías que buscan reducir los riesgos en instalaciones que, por su extensión y ubicación, presentan condiciones particularmente complejas.

Salomón advirtió además que las empresas deben ser cuidadosas al seleccionar proveedores de seguridad privada, ya que en México se estima la existencia de alrededor de 8 mil empresas irregulares en el sector. «No basta con contratar cualquier servicio de seguridad. Las empresas necesitan un socio estratégico con experiencia comprobada; de lo contrario, pueden terminar enfrentando más problemas de los que intentaban resolver.»